No es de recibo que por el capricho de unos piquetes que
obligan a que se celebre una huelga de protesta en favor de unos políticos que
están metidos en una prisión porque la Justicia estimó y probó que violaron las
leyes de este país, se tenga que impedir que unos ciudadanos ajenos a la
conflictividad política no puedan acudir a su trabajo, ni que unas empresas no
puedan abrir su negocio o hacer funcionar su actividad por miedo a las
coacciones, amenazas o destrozos, con todo el daño económico que les supone
para ellos no poder cobrar por el día de trabajo perdido o obtener ganancias
por pérdida involuntaria de la actividad del día laboral. Aparte lo mismo tener
que cerrar escuelas donde no puedan acudir niños y estudiantes perdiendo el día
de estudio que sufragamos todos los contribuyentes, mientras sus padres están
afuera atendiendo sus obligaciones laborales y no saben dónde meterlos o dejarlos.
Y no digamos cortar carreteras, autopistas o impedir que los trenes puedan
circular por las vías férreas, con todo lo que supone de violentar al legítimo
derecho de cualquier ciudadano de circular libremente por cualquier vía pública
del país.
A esos que violan expresamente los derechos y libertades de
los ciudadanos, no solamente habría que meterlos un buen tiempo en la cárcel,
sino también imponerles fuertes sanciones como forma de castigar esas actitudes
que no deberían de tolerar ningún gobierno democrático que se debe a las leyes
y a los derechos constitucionales de sus ciudadanos.
Lamentablemente las leyes no se respetan en España, los
gobernantes los primeros que no las hacen cumplir para evitarse las fotos de detenciones
o cargas policiales; las policías por órdenes de sus superiores jerárquicos
politizados no protegen a los ciudadanos ni velan por sus derechos y libertades
siendo estos últimos los que finalmente pagan el pato, y los jueces muchas
veces hacen la vista gorda sin ánimos expresos de hacer cumplir la ley como es
debido. Ni siquiera el gobierno con todos los poderes que les otorga el
artículo 155 constitucional hace nada para proteger y velar por los derechos de
los ciudadanos. Y por si fuera poco, tampoco se aprovecha al ejército para
garantizar el orden y la ley que ha estar para de proteger a cualquier
ciudadano. Es evidente que por irresponsabilidad y mala voluntad política
estamos en la "ley de la selva" y sólo se impone el más fuerte, el
más violento y más temido. La ley no es igual para todos, desde luego, dejando
que la Constitución sea sólo un papel mojado, y los gobernantes sólo gobiernan
a sus conveniencias, no para defender,
velar y garantizar los derechos y las libertades constitucionales de todos los
ciudadanos, incluido el más débil y necesitado.
Eso sí: si es el ciudadano quien no cumple con sus
obligaciones antes sus administradores (gobernantes que de estos obtienen sus
sueldos y demás preblendas), como por ejemplo, el pago de impuestos, a ése si
se le castiga con sanciones, embargos, o metiéndolo un tiempo en la cárcel.
¡Qué falta de gobernantes honestos y honrados está
necesitado ese pobre país nuestro que hagan cumplir las leyes y garanticen
todos los derechos y libertades de sus ciudadanos!. Pero lamentablemente los
que nos gobiernan, políticos de todos los distintos partidos, actúan de maneras
que son más propias de mafiosos, dejando a los ciudadanos desamparados que
sobreviven como pueden en este Estado sin ley ni orden.
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