La pena para Carmen Forcadell fijada por el juez del
Tribunal Supremo Pablo Llarena: retirada de su pasaporte y prohibición de salir
de España, presentarse cada semana al juzgado para justificar que no está en
paradero desconocido, y pagar una fianza de 150.000 euros, que es una cantidad
ridícula al lado de su escandaloso sueldo de presidenta del parlament de más de
157.000 euros anuales (dejando aparte otras cantidades extras) que le pagan el
resto de los españoles, a cambio de comprometerse a no volver a saltarse la
Constitución Española y así poder eludir la prisión, con todo lo que supone de
cobarde traición a los principios de su propia causa independentista y a sus
electores separatistas. Fianza a pagar que según publican algunos medios, se lo
pagará la ANC ( Asamblea Nacional de Catalunya), la entidad civil separatista y
totalmente subvencionada con fondos de la Generalitat, que es lo mismo que
decir que igual le va a salir gratis, y con la fianza pagada por el resto de
los contribuyentes a los que siempre nos toman por tontos. Fianza y sueldo
vitalicio que percibirá, que además es un insulto y un robo a todos los
ciudadanos, cuando más de 60% de los empleados en España sólo perciben
alrededor del salario mínimo o menos.
El mayor pelotazo de su vida, ya que en su condición de ex
presidenta del parlament va a tener una astronómica pensión vitalicia casi
igual a la de cualquier ex presidente de la Generalitat ya retirado, y así
podrá vivir bien el resto de su vida sin pegar un palo al agua, pese a todo el
destrozo y daño causado a Catalunya con su actitud y su acción política en todo
este escaso período de tiempo que ha sido presidenta del Parlament.
Mucho me temo que el resto de los acusados por separatismo
ilegal e inconstitucional van a seguir por el mismo camino: todo les irá como
una buena comedia, y todo terminará bien para ellos, con un posible retiro de
oro como ocurre con casi todos los que han sido consellers o ministros en este
corrupto país nuestro. Y eso en contradicción con las sentencias de varios años
de cárcel contra Antonio Tejero Molina, Jaime Milans del Bosch, y Alfonso
Armada, que dieron un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 para volver otra
vez a la legalidad del anterior régimen franquista, sin ningún derramamiento de
sangre y sin violar ningún derecho ciudadano cortando carreteras o autopistas,
causando destrozos a bienes públicos o privados, o impidiendo a la gente poder
acudir a sus puestos de trabajo, siendo mucho menos grave que todos los actos
cometidos por el gobierno catalán imputado, así como la presidente y miembros
de la mesa del parlament.
Otro tema es que la judicatura dominante entre dentro de las
pautas o doctrina del actual "establiment político" y que este sea
evitar llenar las cárceles de políticos rebeldes para con esto tener una menor
conflictividad social y política.
Y es que el Tribunal Supremo es el más politizado de los
tribunales, en el cual no hay ni imparcialidad ni auténtica independencia
judicial. Es el lugar donde sólo juzgan a los personajes que tienen el
privilegio de ser aforados por su categoría política (privilegio que no se da
en otros países de larga tradición democrática), y como los políticos tienen
una especie de pacto secreto a voces de "no agresión, y de mutua protección"
a cambio de "hoy te doy a tu favor y tú otro día me das a mi en mi favor",
que entre ellos se protegen a sí mismos en esa farsa de tribunal que llaman
"supremo" y en donde por lo general sólo juzgan políticos y no al
resto de los ciudadanos, para que al final todo les salga bien (salvo
excepciones, como el caso del ex presidente balear Jaume Matas, que sigue en
prisión, o el ex conseller Macià Alavedra por el caso Pretoria, entre otros).
Es, pues, un tribunal donde se las ingenian en hacer todos los largos embrollos
judiciales, manejando toda la larga ingeniería de los tecnicismos jurídicos que
nadie entiende, para producir sentencias favorables a uno u otro según las
conveniencias del "establiment" de turno en el poder.
En fin, la justicia en España puede ser un cachondeo
favorable para los políticos (incluidos los que tienen delitos de terrorismo en
su curriculum), pero para el resto de los ciudadanos es un jódete por el culo
de maldición gitana en el que "tengas muchos pleitos y los ganes"
tragándose todo tipo de papeleo con mierda jurídica impresa. Es, pues, una
burla y una estafa a todos los ciudadanos españoles legales, y un paraguas para
los delincuentes profesionales, así como los políticos corruptos y sin
principios que se aprovechan de ello.
Quizás si los jueces y fiscales los eligieran los ciudadanos
cada determinado plazo de tiempo, como ocurre en Estados Unidos, la cosa sería
otro cantar ya que tendrían que rendir cuentas de su actuación ante los
electores, y posiblemente más justa dentro de lo injustas que son las cosas en
esos mundos de Dios.
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